Sentencia A. 086/25

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-086/25

 

SEGUIMIENTO SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROTECCION DE COMUNIDAD INDIGENA-Verificación y evaluación de niveles de cumplimiento de las órdenes impartidas en favor de la comunidad Wayuú el marco de la Sentencia T-302 de 2017

 

SEGUIMIENTO SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROTECCION DE COMUNIDAD INDIGENA-Niveles de cumplimiento a las órdenes de la Sentencia T-302 de 2017

 

DERECHO A LA SALUD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INDÍGENAS-Medidas positivas del Estado para garantizar la prevalencia y el goce efectivo de sus derechos

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA   

   

CORTE CONSTITUCIONAL  

Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 

 

A-086/25

                                                                  

Referencia: seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017

 

Asunto: valoración del cumplimiento del objetivo constitucional mínimo tercero (derecho a la salud)

 

Magistrado sustanciador:   

José Fernando Reyes Cuartas

 

Bogotá D. C., tres (3) de febrero de dos mil veinticinco (2025)   

 

La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, conformada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la presente providencia.

 

                                                                                                              I.            SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

 

1.                 La Sala declara el cumplimiento medio de la orden dirigida a aumentar y mejorar las medidas inmediatas y urgentes en materia de salud a cargo del Gobierno nacional. Por otro lado, declara el cumplimiento bajo de la orden de formular e implementar una política de salud para La Guajira que permita asegurar, en el mediano y largo plazo, el goce efectivo de este derecho para todo el pueblo Wayuu.

 

2.                 Frente a las medidas en salud dispuestas en el Plan Provisional de Acción, que aglutina las medidas inmediatas y urgentes, la Sala Especial considera que las autoridades obligadas han implementado acciones conducentes para lograr el debido cumplimiento del Auto 311 de 2024, proferido en seguimiento al Auto 696 de 2022. Aunque se evidencian algunos resultados que impactan favorablemente el derecho a la salud de la niñez Wayuu, los avances son parciales y están a medio camino de las metas planteadas.

 

3.                 Respecto de las medidas de mediano y largo plazo, así como sobre la información solicitada en el auto de pruebas de 8 de abril de 2024, la Sala observa que, si bien se reportan algunas acciones conducentes para satisfacer el derecho a la salud de las niñas y los niños Wayuu y la respuesta recibida está relacionada con los requerimientos judiciales, los resultados no fueron reportados ni expresados en indicadores que permitan medir su impacto material efectivo en el bienestar de los y las infantes.

 

4.                 Atendiendo a lo anterior, la Sala ordena a la Consejería Presidencial para las Regiones, como coordinadora del MESEPP, allegar a la Sala información acerca del avance de las acciones y los indicadores en materia de salud dispuestos en el Plan Provisional de Acción. Asimismo, ordena presentar un inventario de las medidas de salud a mediano y largo plazo que, desde las entidades territoriales y los distintos actores del sector salud que operan en la región, se contemplan para enfrentar las altas cifras de DNT, IRA y EDA en menores de cinco años.

 

5.                 Por último, la Sala Especial ordena remitir información, entre otras cosas, sobre la atención en salud a población infantil migrante; georreferenciación de la infraestructura de salud; correlaciones estadísticas sobre el impacto de las medidas en las cifras de DNT, IRA y EDA en niños y niñas menores de cinco años; recursos y actividades de vigilancia y auditoria sobre los proyectos de salud en La Guajira y los municipios accionades, y sobre el funcionamiento del Comité Técnico de Salud previsto en el Decreto 147 de 2024.

 

                                                                                                                                 II.            ANTECEDENTES

 

5.                 En la Sentencia T-302 de 2017, la Corte declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional (ECI) en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, la salud, el agua potable y la participación de los niños y las niñas Wayuu de los municipios de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia (La Guajira). Encontró que fallas estructurales, como la falta de coordinación y articulación entre las entidades de los órdenes nacional y territorial para atender la crisis humanitaria de esa región, representada en las altas cifras de muertes de menores por desnutrición y causas asociadas, afectaban de manera masiva, generalizada, desproporcionada e injustificada sus derechos.

 

6.                 Con el fin de garantizar el goce efectivo de los derechos tutelados, el cumplimiento de las órdenes y la superación del ECI, la Corte estableció ocho parámetros sustantivos y procedimentales que deben observar las autoridades obligadas en sus actuaciones. Estos parámetros se denominaron objetivos constitucionales mínimos. El objetivo constitucional mínimo tercero, relacionado con el derecho a la salud, tiene dos metas. De un lado, aumentar y mejorar las medidas inmediatas y urgentes en materia de salud a cargo del Gobierno nacional que se ejecutan con las entidades territoriales[1]. De otro lado, formular e implementar una política de salud para La Guajira que permita asegurar, en el mediano y largo plazo, el goce efectivo de este derecho para todo el pueblo Wayuu y eliminar la dependencia a las medidas de emergencia[2].

 

7.                 En curso del seguimiento al cumplimiento de la sentencia, y ante la necesidad de evitar en el corto plazo muertes de niños y niñas Wayuu por desnutrición y causas asociadas, la Sala profirió el Auto 696 de 2022, a través del cual dictó una serie de medidas cautelares para proteger de manera urgente los derechos a la alimentación, el agua potable y la salud de esta población. Estas medidas, ordenó la Sala, debían integrarse en un Plan Provisional de Acción (el Plan).

 

8.                 En el Auto 1290 de 2023, esta Sala Especial de Seguimiento declaró el cumplimiento bajo de lo ordenado en el Auto 696 de 2022 y, en consecuencia, desaprobó el Plan remitido por el Gobierno nacional. Con respecto al derecho a la salud, la Sala encontró que se propusieron acciones concretas solo sobre seis de las diez medidas dictadas (i, vi, vii, viii, ix y x) y que estas, en su mayoría, no tuvieron en cuenta los parámetros técnicos establecidos en el auto[3].

 

9.                 Mediante el Auto 311 de 2024, la Sala Especial valoró nuevamente el cumplimiento del Auto 696 de 2022, así como los remedios judiciales dictados en el Auto 1290 de 2023. Luego de analizar lo presentado por las autoridades, estableció el cumplimiento medio de lo ordenado, aprobó parcialmente el Plan y dictó algunas órdenes para ajustarlo. En materia de salud, la Sala formuló algunas inquietudes sobre la estabilidad financiera de las acciones[4] y le ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) dar una respuesta precisa y detallada al respecto.

 

10.             El 8 de abril de 2024, el magistrado sustanciador de la Sala Especial profirió un auto con el fin de recaudar pruebas entorno a las acciones urgentes e inmediatas, así como las de mediano y largo plazo, desarrolladas para la satisfacción del objetivo constitucional mínimo tercero[5]. En respuesta a esta providencia, el MSPS y la Consejería Presidencial para las Regiones (la Consejería) allegaron varios informes con las acciones adelantadas al respecto.

 

11.             En el curso del trámite de seguimiento, la Sala Especial ha recibido y recopilado información, sugerencias y conceptos técnicos sobre el derecho a la salud del pueblo Wayuu. Parte del conocimiento de la Sala sobre esta materia ha procedido, además, de diligencias judiciales celebradas para vigilar el estado de cumplimiento de la sentencia, como sesiones técnicas e inspecciones judiciales.

 

                                                                                                                     III.            CONSIDERACIONES

 

Competencia

 

12.             La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, por medio del Auto 042 de 2021, asumió la competencia para conocer del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, actualmente radicada en esta Sala Especial. Por consiguiente, la Sala es competente para pronunciarse sobre el acatamiento del fallo, incluidas las acciones adelantadas frente cada uno de los objetivos constitucionales mínimos.

 

Objeto y estructura de la decisión

 

13.             Este auto tiene como fin valorar las acciones adelantadas por las autoridades obligadas en relación con el objetivo constitucional mínimo tercero, relacionado con el derecho a la salud de las niñas y los niños del pueblo Wayuu de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia (La Guajira). Para ello, la estructura de la providencia estará dividida en cinco partes.

 

14.             En la sección A, se describirá la situación jurídica y fáctica del derecho a la salud de la niñez Wayuu y el objetivo constitucional mínimo tercero. En la sección B, la Sala presentará las respuestas allegadas al respecto por las autoridades obligadas, así como algunas observaciones de autoridades indígenas y gremios médicos. El análisis y la valoración de las acciones adelantadas en cumplimiento del objetivo constitucional se realizará en la sección C. Finalmente, en la sección D, la Sala reseñará las medidas y remedios judiciales que dictará para avanzar en la garantía efectiva del derecho a la salud de las niñas y niños Wayuu, como de las familias y comunidades a las que pertenecen.

 

15.   De manera previa al desarrollo de dichas secciones, la Sala recuerda que la metodología para medir el cumplimiento del objetivo constitucional mínimo tercero se hará conforme a lo desarrollado en el Auto 480 de 2023 y a la luz de las metas trazadas por la Corte en relación con el objetivo constitucional mínimo tercero[6]. En los anexos a esta providencia se sintetizan las fases de la valoración y los niveles de cumplimiento[7].

 

16.   Vale advertir que esta elección metodológica no conlleva que, en adelante y siempre que ello se justifique, la Sala de Seguimiento no pueda establecer otra forma de evaluar las órdenes de la sentencia y los autos de seguimiento, así como para hacer los ajustes y/o modificaciones que se requieran en las labores de supervisión. Por esta razón, la Sala Especial, como órgano de la Corte Constitucional, aplica una aproximación dinámica y flexible, así como congruente y articulada, en la tarea de evaluación de las órdenes[8].

 

A.               Situación jurídica y fáctica del objetivo constitucional mínimo tercero: el derecho a la salud de la niñez y el pueblo Wayuu

 

17.             Esta sección tiene dos componentes. Primero, la Sala Especial describirá los principales elementos normativos que componen el objetivo constitucional mínimo tercero. Para ello, se retomará lo expresado en la sentencia y en el auto que dictó medidas cautelares. Luego, se abordarán algunas variables estadísticas en materia de salud sobre la niñez Wayuu y algunos elementos fácticos de esta situación a partir de lo descrito por la Corte en la sentencia, lo constado por la Sala Especial en las diligencias judiciales que se han realizado y la información técnica allegada al trámite de seguimiento.

 

Sobre el objetivo constitucional mínimo tercero

 

18.             La Corte dispuso en la sentencia que la materialización efectiva del derecho a la salud, asociada al objetivo constitucional mínimo tercero, contempla dos aspectos básicos. Por un lado, aumentar y mejorar las medidas inmediatas y urgentes bajo la responsabilidad del Gobierno nacional que son ejecutadas junto con las entidades territoriales[9]. Por otro lado, formular e implementar una política de salud que le permita al Estado asegurar, en el medio y largo plazo, el goce efectivo del derecho a la salud al pueblo Wayuu y eliminar la dependencia a las medidas de urgencia[10].

 

19.             En relación con el primer aspecto, la Corte sugirió que, para evitar en el corto plazo un mayor número de muertes de niños y niñas Wayuu, se debían adoptar medidas como las siguientes: aumentar el número de equipos extramurales y de brigadas de salud realizadas por las Empresas Sociales del Estado (ESE) de la región, aumentar el número de personas beneficiarias de los servicios de salud, mayor publicidad de la línea de atención para casos desnutrición, y diseñar formas de comunicación alternativas para quienes no tienen línea telefónica fija[11]. La Corte sostuvo que frente a esta clase de medidas deberá aplicarse la regla de no regresividad. En ese sentido, el Gobierno nacional, la administración departamental y los municipios concernidos deberán mantenerlas y no podrán ser disminuidas, a menos que se demuestre la garantía efectiva del derecho a la salud a la respectiva familia o comunidad[12].

 

20.             En relación con el segundo aspecto, la Corte detectó que, a pesar de distintas EPS e IPS que hacen presencia en la región, varias indígenas, los servicios prestados no son oportunos y la atención extramural es esporádica, al igual que las actividades de promoción y prevención. Por eso, estableció que el Gobierno nacional, las entidades territoriales y las autoridades legítimas de este pueblo indígena deben trabajar para establecer un modelo de salud que se adecúe a las realidades del territorio indígena y las zonas dispersas.

 

21.             Entre las medidas sugeridas por la Corte para garantizar una solución estructural a las necesidades de salud de la población Wayuu se encuentra la adopción de un modelo especial de atención para La Guajira[13], la organización y consolidación de la red prestadora de servicios de salud en el departamento, el fortalecimiento de las actividades de inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS o Supersalud) y el estudio de reformas legislativas para dotar a esta entidad de herramientas correctivas más efectivas que la multa[14].

 

22.             Aunado a lo anterior, en el marco del seguimiento al fallo, la Sala profirió el Auto 696 de 2022, en el cual dictó medidas cautelares para la protección de los derechos de la niñez indígena. En materia de salud, se establecieron diez medidas, que se dividieron en tres grupos. En el primer grupo, identificación de las niñas, niños y adolescentes Wayuu, se ordenó establecer: (i) el estado general de salud de todas y todos los menores que residen en los cuatro municipios objeto de la Sentencia T-302 de 2017; (ii) su pertenencia al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS); (iii) la distancia a la que se encuentra el establecimiento de salud más cercano; (iv) la fecha de la última atención en salud; (v) el estado de su esquema de vacunación, y (vi) qué medidas de atención en salud requieren.

 

23.             En el segundo grupo, aumento de cobertura de los planes de atención en salud, la Sala ordenó adoptar medidas para: (vii) aumentar los equipos extramurales y de las brigadas en salud realizadas, así como establecer otras formas de comunicaciones para quienes no cuentan con línea telefónica para reportar problemas de salud de las niñas, niños y adolescentes; (viii) aumentar el número de familias atendidas, y (ix) mejorar la oportunidad de los servicios de salud prestados a la población indígena, para lo cual será necesario establecer indicadores de goce efectivo de derechos (IGED). Por último, sobre la tercera materia, enfoque diferencial, se ordenó (x) considerar los avances en la construcción del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural para la implementación de las medidas concretas de atención en material de salud.

 

24.             Así las cosas, la garantía del derecho a la salud de los niños y las niñas Wayuu de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, en el marco de la sentencia y los autos de seguimiento, está compuesto por dos clases de medidas que, a pesar de sus horizontes temporales distintos, están interrelacionadas y responden a la meta de evitar más muertes por desnutrición y causas asociadas. Por un lado, las medidas de inmediato y corto plazo, caracterizadas por ser urgentes y cautelares. En ellas se agrupan las dictadas en la sentencia para aumentar las acciones a cargo del Gobierno nacional que son ejecutadas con las entidades territoriales y las dictadas en el Auto 696 de 2022. Por otro lado, las de mediano y largo plazo, dirigidas a eliminar la dependencia a las medidas urgentes y a resolver de fondo los problemas de salud de la región. En esta clase de medidas resaltan aquellas que buscan formular e implementar una política de salud que asegure, desde lo estructural, el goce efectivo del derecho a la salud al pueblo Wayuu.

 

Situación del derecho a la salud de la niñez Wayuu

 

25.             A pesar de la disminución de las cifras de notificaciones de muertes en menores de 5 años por desnutrición (DNT), enfermedad diarreica aguda (EDA) e infección respiratoria aguda (IRA) para la semana epidemiológica 42 de este año (86 muertes) comparada con la de 2023 (112 muertes)[15], la situación de salud en La Guajira sigue siendo grave para la población infantil Wayuu que habita los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Semanal (BES) 42 del departamento de La Guajira, en lo corrido del 2024 se han reportado 32 muertes probables y confirmadas por DNT aguda, 29 por IRA y 25 por EDA[16]. Del total de muertes por dichos eventos, el municipio con mayor número de muertes notificadas fue Uribia con 31 casos, seguido por Riohacha con 17, Manaure con 13 y Maicao con 11[17].

 

26.             Las estadísticas de ese boletín indican que, de los 2394 casos de DNT aguda, moderada y severa en población menor de 5 años, Uribia reportó 754 casos (31,5%), seguido por Riohacha con 697 casos (29,1%), Maicao con 372 (15,5%) y Manaure con 363 (15,2%). Las características sociodemográficas de los niños y las niñas muestran, a su vez, que la mayoría de los casos reportados se presentan en edades comprendidas entre 1 y 4 años (74%), en zonas rurales (64%) y entre las comunidades indígenas (78%).

 

27.             Las estadísticas en relación con la mortalidad materna y la mortalidad perinatal y neonatal tardía son también graves en los municipios objeto de seguimiento. De los 17 casos de mortalidad materna temprana en La Guajira hasta la semana epidemiológica 40, 6 se presentaron en Maicao, 4 en Riohacha, 4 en Uribia, y 2 en Manaure[18]. Por su lado, de los 227 casos de mortalidad perinatal y neonatal tardía, 63 se presentaron en Maicao (27,75%), 62 en Riohacha (27,31%), 46 en Uribia (20,26%) y 24 en Manaure (10,57%)[19].

 

28.             Los datos del BES del país para la semana 42 revelan, a su tiempo, la profunda diferencia en las tasas de muertes en menores de 5 años por IRA, EDA y DNT entre La Guajira y el nivel nacional. La siguiente tabla muestra las distintas cifras teniendo como base los años 2023 y 2024:

 

Tabla 1. Tasa por IRA, EDA y DNT a nivel nacional y en La Guajira para la SE 42.

Fuente: BES 42 del INS[20] (elaboración propia de la Sala).

 

29.             Los números anteriores reflejan que la DNT, la EDA y la IRA siguen siendo graves problemas para la salud y el bienestar de las niñas y los niños Wayuu de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia; municipios donde se presentan, además, las cifras más altas en mortalidad materna, perinatal y neonatal. Los datos reflejan también la profunda brecha que separa las muertes por estos eventos en La Guajira y el país.  

 

30.             Las causas asociadas a esta situación inconstitucional, según lo establecido por la Corte en la sentencia, son varias y van del orden nacional al territorial: centros de salud en pobres condiciones y de difícil acceso; ausencia de un sistema de salud indígena integrado al régimen ordinario estatal; falta de alimentos balanceados y culturalmente adecuados, así como de agua potable en cantidad y calidad suficiente; problemas administrativos en el uso, destinación y control de los recursos del sector, y prácticas inconstitucionales como la negación del servicio por falta de afiliación a una EPS o por la afiliación de integrantes de una misma familias a distintas EPS[21].

 

31.             En el marco de las labores de seguimiento a la sentencia, se ha constatado que el diagnóstico de la Corte sobre las causas asociadas a las altas cifras de muertes de niños y niñas indígenas parece ser una constante en la región. A continuación, se enuncian varios ejemplos que respaldan esta afirmación.

 

32.             Durante la inspección judicial realizada en varias rancherías de Uribia y Manaure el 24 de septiembre de 2021[22], el perito experto en salud designado por la Sala[23] encontró barreras para la prestación de los servicios de sanidad y varias manifestaciones de alteraciones en la salud de menores [24].

 

33.             Con respecto a las barreras, señaló problemas en las acciones de planeación y focalización de las acciones de prevención de la enfermedad, que impiden cubrir a todos los grupos y sectores de la población, especialmente a los niños y las niñas Wayuu; problemas en la rectoría, el seguimiento y la capacidad operativa por parte de las secretarías de salud de Manaure y Uribia, así como falta de concurrencia por parte de la secretaría de salud departamental; ausencia de un modelo de atención adecuado a las particularidades de la población y el territorio Wayuu, lo que implica tener una evaluación formal sobre la efectividad de las acciones, su cobertura y los sistemas de información en salud disponibles, y falta de vínculos con otros sectores gubernamentales y comunitarios para responder a los determinantes sociales de la salud de la población indígena[25].

 

34.             Sobre las manifestaciones de alteraciones en la salud, el perito encontró la presencia de tres de los cinco signos más comunes de desnutrición en menores de cinco años: (i) emaciación o adelgazamiento visible, (ii) lesiones dermatológicas y (iii) lesiones en cabello. A lo anterior, añadió la falta de actividades regulares orientadas a la desparasitación intestinal de las niñas y los niños[26].

 

35.             Este experto resaltó que, desde la perspectiva de los determinantes intermedios de la salud, es importante contar con acceso a agua potable como un elemento fundamental para garantizar un adecuado estado de salud a nivel individual y poblacional; revisar el tipo de instalaciones en las que se adelantan las actividades de manipulación y preparación de alimentos de los programas de atención escolar, y considerar la accesibilidad geográfica de los servicios de salud en la región[27].

 

36.             Las apreciaciones técnicas del perito, así como la información aportada en materia de salud por las autoridades responsables, los órganos de control, los entes vinculados y las organizaciones de la sociedad civil que acompañan la implementación de la sentencia, le sirvieron a la Sala para proferir el Auto 696 de 2020[28].

 

37.             En este auto, vale resaltar, la Sala encontró un conjunto de obstáculos institucionales que impiden lograr los objetivos fijados en el fallo en materia de salud y frente a los cuales se debe actuar de manera pronta. De un lado, la Sala observó que parte de las medidas adoptadas por las entidades obligadas al cumplimiento de la sentencia no se han mantenido en el tiempo, no responden de forma adecuada al contexto geográfico ni a la distancia que divide a las rancherías y los cascos urbanos de los municipios, donde se ubican los centros de salud de mayor complejidad, así como tampoco atienden los obstáculos que existen en materia de comunicación para las comunidades indígenas[29].

 

38.             La Sala encontró, de otro lado, que no existe una política pública específica en materia de salud para La Guajira que considere la dispersión del pueblo Wayuu y sus necesidades culturales, territoriales, socioeconómicas y epidemiológicas, y que el Sistema de Salud Propio e Intercultural (SISPI), luego de más de tres años desde que se notificó la sentencia, se encontraba en proceso de estructuración. Esta situación le llevó a concluir que, a pesar de que se han adoptado múltiples iniciativas, estas no pueden calificarse como suficientes y adecuadas para atender la situación de la niñez indígena.

 

39.             Posteriormente, en el curso de la inspección judicial realizada del 17 al 21 de abril de 2023 en zonas rurales de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia[30], la Sala Especial de Seguimiento encontró que la situación distaba de claras mejorías y que eran necesarios compromisos precisos para proteger en el menor tiempo posible los derechos de los niños y niñas y las comunidades a las que pertenecen.

 

40.             En algunas rancherías la Sala Especial encontró menores en posible estado de desnutrición, por lo cual se emitió la orden de atenderles e informar las acciones adelantadas al respecto. La Sala evidenció, a su vez, que las condiciones de algunos centros de salud impedían garantizar los componentes de accesibilidad, disponibilidad, calidad y aceptabilidad del servicio y que las comunidades rurales requerían atención médica especializada y evitar largos desplazamientos a los centros de salud. Ante esto, las autoridades responsables se comprometieron a activar y aumentar la frecuencia de los equipos de atención extramural, gestionar la readecuación de los puestos de salud y crear centros de atención primaria, recuperación nutricional y hospitales en la región[31].

 

41.             Luego de la inspección, el perito de salud designado para acompañar la diligencia[32] presentó un informe en el que recomendó por la situación compleja y multicausal que afecta la salud y el bienestar de los niños y niñas de la región: (i) fortalecer los servicios de atención primaria de salud, lo que conlleva ampliar la infraestructura de atención primaria para brindar servicios médicos accesibles a todas las comunidades; (ii) implementar programas integrales de atención prenatal y materna para garantizar un embarazo saludable y un parto seguro; (iii) fomentar la lactancia materna mediante campañas de concienciación y apoyo a las madres para promover esta práctica; (iv) abordar la desnutrición y la inseguridad alimentaria mediante programas de alimentación complementaria culturalmente apropiada y adaptados a las necesidades de la población infantil; (v) garantizar un programa de vacunación completo y accesible y de prevención de enfermedades transmitidas por vectores; (vi) mejorar el acceso a agua potable segura y saneamiento adecuado; (vii) implementar programas educativos en salud y promoción de estilos de vida saludables; (viii) invertir en servicios de salud mental para niños, niñas y adolescentes; (ix) establecer un sistema de investigación y monitoreo para evaluar la efectividad de las intervenciones y detectar problemas emergentes en la salud infantil en La Guajira, e (x) involucrar activamente a las comunidades locales en la planificación, implementación y evaluación de programas de salud infantil[33].

 

42.             Lo constatado por la Sala a través de las inspecciones judiciales, como lo sugerido por los expertos técnicos de salud convocados para estas diligencias, permite ver, entonces, que el contexto actual en materia de salud de la niñez Wayuu no difiere sustancialmente a lo descrito por la Corte en la Sentencia T-302 de 2017.

 

B. Respuestas e información allegada en el marco del seguimiento al objetivo constitucional mínimo tercero

 

43.             En materia de salud, la Sala Especial ha recibido información por parte del MSPS[34] y la Consejería[35] sobre las acciones adelantadas al respecto; asimismo, ha recibido información de algunas organizaciones de la sociedad civil sobre la garantía efectiva de este derecho en la región. La Sala abordará, primeramente, la respuesta de las entidades obligadas y, luego, la información remitida por los terceros.

 

Respuestas allegadas por las autoridades obligadas

 

44.             A través de un auto de 8 de abril de 2024, el magistrado sustanciador de la Sala Especial le ordenó a la Consejería, como coordinadora del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEPP), allegar información sobre los avances y resultados de las ochos acciones sobre el derecho a la salud dispuestas en el Plan parcialmente aprobado en el Auto 311 de 2024. Asimismo, le exigió explicar de qué manera la Resolución 654 del MSPS se ajusta o responde a los ordenado en los Auto 696 de 2022, 1290 de 2023 y 311 de 2024, así como a los lineamientos metodológicos y constitucionales planteados en el Auto 480 de 2023. Finalmente, le ordenó remitir las políticas planteadas e implementadas en La Guajira para asegurar, en el mediano y largo plazo, el goce efectivo del derecho a la salud de la niñez Wayuu y que trascienden las medidas de emergencia propuestas en el Plan.

 

45.             La Sala estipuló que la respuesta de la Consejería debía contener información sobre: (i) la aplicación del artículo 30 de la Ley 1238 de 2011[36] o la adopción de un modelo de salud particular para La Guajira; (ii) las acciones que se han emprendido desde que la Gobernación de La Guajira reasumió la competencia para prestar el servicio de salud; (iii) las actividades de inspección, vigilancia y control adelantadas por la Supersalud en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, así como las acciones dirigidas a fortalecer sus herramientas correctivas, y (v) los resultados en algunos indicadores en atención en salud, como cobertura de población, desempeño en actividad de promoción y prevención, vacunación, atención de enfermedades crónicas, embarazos, tasas de mortalidad infantil e incidencia de enfermedades respiratorias.

 

46.             La respuesta allegada, sostuvo el magistrado sustanciador, debía seguir los lineamientos establecidos en el literal D del Auto 480 de 2023, especialmente, en cuanto a brevedad y precisión, y allegarse a la Sala en el término de un mes a partir de la notificación de la providencia.

 

47.             En un primer momento, el MSPS radicó dos documentos sobre las acciones adelantadas en cumplimiento de la sentencia para la garantía del derecho a la salud en La Guajira. Por un lado, remitió la Resolución 739 de 2024, a través de la cual se efectuó una asignación de recursos del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la catera, del rubro “Apoyo a Programas de Desarrollo de la Ley 100 de 1993”, para financiar el despliegue de equipos interdisciplinarios dirigidos a atender la población Wayuu de los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha[37]. Según se expone en la parte motiva de este acto administrativo, el ministerio recibió de parte de las empresas sociales del Estado (ESE) que operan en dichos municipios propuestas técnicas para la asignación de recursos, con el fin de garantizar la continuidad de los equipos interdisciplinarios en salud durante el 2024[38].

 

48.             En la resolución, el MSPS resolvió asignar recursos por un total de $31.443.307.515, distribuidos de la siguiente forma

 

Tabla 2. ESE y recursos asignados de acuerdo con la Resolución 739 de 2024.

 

49.             Asimismo, el MSPS remitió la Resolución 763 de 2024, por medio de la cual se asignaron recursos, provenientes del mismo presupuesto y rubro, para la cofinanciación de proyectos de transporte asistencial en varios municipios del país. Para el ESE Hospital San José de Maicao, y según se señala en el documento allegado, con el fin de garantizar el cumplimiento de la sentencia y el derecho a la salud, se asignaron los siguientes recursos:

 

Tabla 3. Recursos asignados a la ESE Hospital San José de Maicao de acuerdo con la Resolución 763 de 2024.

 

50.             Luego, la Consejería allegó a la Sala Especial un documento con información sobre las acciones adelantadas frente al objetivo constitucional mínimo tercero, sobre el cual posteriormente la Sala solicitó acceso a algunos de los enlaces adjuntos[39]. A continuación, se resume la respuesta allegada siguiendo cada uno de los numerales dispuestos en ella.

 

51.             Primero, la Consejería adjuntó una matriz diligenciada por el MSPS con los avances de las acciones implementadas en el marco del Plan de Acción Integrado y Unificado, que se formuló en respuesta a los autos 1290 de 2023 y 311 de 2024. Esta matriz contiene datos cuantitativos, cualitativos y anexos técnicos sobre las acciones, los cuales se sintetizan en el anexo de este auto.

 

52.             Segundo, con respecto a la Resolución 654 de 2023, la Consejería sostuvo que se adoptó en respuesta al Auto 696 de 2022, pero que, en vista de que el Plan Provisional de Acción no fue aprobado en el Auto 1290 de 2023, este acto administrativo perdió ejecutoriedad a la luz del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011. Paralelamente, señaló que esta resolución no se ajusta a lo contemplado en los autos 480 y 1290 de 2023 ni al 311 de 2024, debido a factores temporales posteriores a la expedición del acto administrativo, así como al proceso de diálogo genuino y concertación adelantado desde el 10 hasta el 28 de agosto de 2023, en el que se llegó a acuerdos con las autoridades tradicionales respecto a las acciones de las diferentes entidades del sector salud a nivel nacional, departamental y municipales.

 

53.             Tercero, en relación con las políticas planteadas e implementadas en La Guajira para asegurar en el mediano y largo plazo el derecho a la salud de la niñez Wayuu y que trasciendan las medidas de emergencia propuestas en el Plan, la Consejería sostuvo que el MSPS elevó solicitudes de información al respecto a los entes territoriales ya que en los planes de desarrollo de estas entidades se enmarca el seguimiento a las políticas públicas existentes y la creación de programas y políticas nuevas que respondan las necesidades identificadas en el territorio. A estas solicitudes respondieron, según lo aportado en la respuesta, la Gobernación de La Guajira y las alcaldías de Manaure, Maicao y Riohacha.

 

54.             Paralelamente, el MSPS consultó al área de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones (ROASRP), que respondió que, a través de la Resolución 2811 de 2022, se adoptaron medidas para La Guajira orientadas a caracterizar la población Wayuu, eliminar la autorización de los servicios de salud priorizados para este pueblo y establecer la gestión que deben adelantar las EPS y los prestadores de salud sobre la materia. Asimismo, la Consejería aportó un informe sobre el despliegue de equipos interdisciplinarios en salud con corte a 30 de abril de 2024, enmarcado bajo la Resolución 2285 de 2023[40].

 

55.             Cuarto, en relación con la aplicación del artículo 30 de Ley 1438 de 2011 sobre el acceso a la salud en zonas rurales dispersas o la adopción de un modelo de salud particular para la Guajira, el área de ROASRP, aunque no hizo referencia explícita a la aplicación de dicha norma, sostuvo varios puntos. De un lado, el régimen subsidiado de salud cubre a la población más pobre y vulnerable del país en las áreas rural y urbana, entre los que se incluye a grupos especiales como madres gestantes y en periodo de lactancia, menores de un año o en situación irregular, personas en situación de discapacidad, comunidades indígenas, entre otros. El listado censal es el instrumento para la identificación de poblaciones especiales que deben estar afiliadas a este régimen[41].

 

56.             Frente al aseguramiento de las y los recién nacidos y menores de edad, las reglas de afiliación se encuentran compiladas en el Decreto 780 de 2016 y están orientadas de acuerdo con las medidas de protección desarrolladas por la Corte Constitucional. Se resaltó, en ese sentido, que el desarrollo normativo y técnico está dirigido a que esta población acceda al régimen subsidiado y a los servicios del plan de beneficios en salud; no obstante, es responsabilidad de las entidades territoriales la operación adecuada de este régimen en virtud de la competencia descentralizada del sistema de salud.

 

57.             Bajo lo anterior, los municipios, distritos y departamentos tienen funciones específicas en la identificación y afiliación de las y los recién nacidos y menores de edad, y frente a la inversión, contratación y seguimiento de la ejecución de los recursos que financian el régimen subsidiado. A la par de estas funciones, el MSPS instruye, promueve y asiste técnicamente a las entidades territoriales en la afiliación de este grupo poblacional mediante distintas actuaciones administrativas dirigidas a la garantía y protección del derecho a la salud.

 

58.             En este punto, se resaltaron también incrementos diferenciales respecto a la Unidad de Pago por Capitación aplicables a la población de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia como mecanismo para mejorar el acceso de la población Wayuu a los servicios de salud en las zonas rurales dispersas. Por ejemplo, en la Unidad de Pago por Capitación para EPSI (incremento del 4,81% al valor fijado para el régimen subsidiado); la Unidad de Pago por Capitación para zona especial por dispersión geográfica para EPSI (prima adicional por dispersión geográfica del 11,47% sobre el valor fijado para las EPSI en municipios como Manaure, Maicao y Uribia), y Unidad de Pago por Capitación en ciudades para EPSI (prima adicional del 15% sobre el valor fijado para las EPSI en ciudades como Riohacha).

 

59.             En relación con las acciones que se han emprendido desde que el Departamento de La Guajira reasumió la competencia para la prestación del servicio de salud, se indicó que la gobernación suscribió un contrato con el consorcio Achajamaya Wayuu por un valor de $30.590.987.718, con un plazo de 28 meses a partir del 1° de septiembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024, con el fin de apoyar las acciones de identificación y gestión del riesgo para la promoción de la salud y la nutrición en las zonas rurales y rurales dispersa de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.

 

60.             Sobre las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas en la región se presentaron varias respuestas. De un lado, la Consejería anexó un informe de la Supersalud sobre las actividades realizadas en el marco de la sentencia. En ese documento se menciona: la Circular Externa 2023151000000015-5 de 2023, a través de la cual se impartieron instrucciones a distintos actores del sistema de salud para garantizar el derecho a la salud de los habitantes de La Guajira con enfoque intercultural y diferencial; la puesta en operación de la Dirección Regional Caribe con sede en Riohacha en marzo de 2023; jornadas de capacitación y divulgación virtuales y presenciales en distintas zonas de La Guajira, incluido Riohacha, Manaure y Uribia (Nazareth); atención al usuario frente a reclamos por indebida prestación del servicio de salud en casos de desnutrición, por grupo étnico, por edad y por entidad vigilada; órdenes de inmediato cumplimiento al departamento, los municipios concernidos y las entidades de aseguramiento en salud; medidas cautelares; participación en espacio intersectoriales; auditoría a sujetos vigilados (entidades territoriales, prestadores de servicios de salud y entidades de aseguramiento en salud); planes de mejoramiento; mesas de trabajo, y traslado a investigaciones administrativas.

 

61.             La Consejería enunció, también, una serie de actividades que se han desarrollado desde la Secretaría de Salud de La Guajira. Entre estas se resaltaron las mesas de trabajo con los diferentes actores del sistema que operan en la región para analizar las acciones ejecutadas desde el área de Vigilancia en Salud Pública, y la articulación para el reporte de información en eventos de DNT, IRA, EDA y morbimortalidad materna bajo dimensiones como seguridad alimentaria y nutricional; sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, y vida saludable y enfermedades transmisibles.

 

62.             Junto con las anteriores actividades, se enlistaron otras realizadas por la Gobernación de La Guajira durante el primer trimestre de 2024. A saber:

 

Tabla 4. Actividades de la Gobernación de La Guajira realizadas en el primer semestre de 2024.

 

63.             Desde el municipio de Riohacha, la Consejería reportó que se adelantaron mesas de trabajo los viernes de cada semana con los distintos actores del sistema de salud que operan en el territorio para analizar las acciones ejecutadas desde Vigilancia en Salud Pública y en relación con casos de DNT, personas en estado de gestación y PAI. A su vez, se relacionaron las siguientes actividades realizadas en el primer trimestre de 2024:

 

Tabla 5. Actividades realizadas por la Alcaldía de Riohacha en el primer trimestre de 2024.

 

64.             Por último, en relación con los resultados en algunos indicadores de atención en salud propuestos en la sentencia y solicitados en el auto de pruebas de 8 de abril de 2024, la Consejería reportó lo siguiente:

 

Tabla 6. Reporte de indicadores presentados por la Consejería Presidencial para las Regiones.

 

65.             La respuesta de la Consejería finalizó señalando que el trabajo interinstitucional ha buscado dar cumplimiento a la sentencia, pero se requiere continuar con estas labores para superar el ECI. Actualmente, el MSPS se encuentra en proceso de construir e implementar el Sistema Integrado de Información de la Atención Primaria en Salud (SI-APS), el cual se integra en la bodega de datos SISPRO y recoge información oficial de distintas fuentes para establecer planes de cuidado individual, familiar y comunitario, así como para monitorear aspectos técnicos y financieros de la implementación del nuevo modelo preventivo y predictivo en salud. Este sistema proporciona elementos de decisión y orientación en salud pública a los actores involucrados en el despliegue del modelo basado en la Atención Primaria en Salud (APS).

 

Información remitida por terceros

 

66.             Paralelamente, en relación con las acciones dirigidas a la atención en salud de la población, la Sala Especial recibió documentos del Colegio Médico de La Guajira, de algunas autoridades tradicionales y de la Fundación Libertad para los Niños Wayuu. Por un lado, el Colegio Médico de La Guajira afirmó que, luego de una solicitud dirigida al MSPS con el fin de autorizar los servicios de pediatría y ginecología de forma permanente en Manaure, Uribia y Nazareth[47], que se trasladó por competencia a la Secretaría de Salud Departamental de La Guajira, esta entidad territorial decidió negar la petición. Por ello, le solicitó a la Sala Especial un pronunciamiento que lleve a reducir las cifras de muertes de madres gestantes y de menores de 5 años en La Guajira.

 

67.             Por otro lado, algunas autoridades tradicionales Wayuu presentaron una “petición de respeto al mandato de la Consulta Previa de la Reforma a la Salud y del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI)”[48]. Indicaron que, de diciembre de 2023 a marzo de 2024, por iniciativa de la Mesa de Diálogo y Concertación para el pueblo Wayuu, se adelantó en diez municipios y diversas comunidades de La Guajira la consulta previa de la reforma a la salud y el SISPI, en la que participaron más de 4500 autoridades, líderes, médicos tradicionales y sabedores ancestrales Wayuu.

 

68.             Las consideraciones, propuestas, mandatos y peticiones de los participantes se plasmaron en las actas de las jornadas de trabajo y en los documentos de conclusiones y sistematización de la consulta. Allí, se sostuvo, se incorporan múltiples elementos de valor e importancia para el diseño y la implementación del modelo de salud propia del pueblo Wayuu, que deben ser tenidos en cuenta al momento de tomar cualquier decisión o intervención respecto de la salud propia del pueblo indígena.

 

69.             En el marco del anterior proceso, señalaron las autoridades, el mandato fundamental fue el respeto y la garantía de no estigmatización de la medicina propia y la función de los médicos tradicionales Wayuu. Por eso, encontraron con asombro y preocupación que mediante las resoluciones 2285 de 2023 y 739 de 2024 el MSPS estableciera una asignación salarial para el cargo outsu, pues lo consideran lesivo para la integridad cultural del pueblo Wayuu, el Convenio 169 de la OIT y el principio de interculturalidad de la Ley 1751 de 2015[49]. Según se expresa en la comunicación:

 

Es necesario establecer mecanismos de autorregulación de la medicina tradicional porque “antes los médicos no cobraban, y ahora salen a vender”. “La Outsu no cobra, pero hay algo que se llama “capatier” que mediante una prenda se realiza un pago, el wayuu no cobra, es dependiendo de los espíritus cobren o soliciten en el momento mediante los sueños (sic)[50].

 

70.             Así las cosas, sostuvieron que desde el principio de interculturalidad consagrado en la Ley Estatutaria de Salud, la intervención del MSPS deber estar acorde a la idea de la “acción sin daño”, y solicitaron: (i) respetar la autonomía de las autoridades tradicionales Wayuu para crear y gestionar estructuras de salud indígena propia, con participación comunitaria; (ii) suficiente financiación estatal para implementar un modelo de salud diferenciado y propio para el pueblo Wayuu; (iii) readecuar los mecanismos de las resoluciones 2285 de 2023 y 739 de 2024, para evitar intervenciones no concertadas de los hospitales estatales en los territorios Wayuu y eliminar prácticas que afectan la integridad cultural; (iv) crear una bolsa de recursos públicos para financiar equipos extramurales organizados por las estructuras propias de salud del pueblo Wayuu; (v) fortalecer la participación de la Mesa de Diálogo y Concertación del pueblo Wayuu, creada por la Resolución 1960 de 2011, como instancia legítima para mejorar el sistema de salud propio, y (vi) una reunión técnica con el Ministerio de Salud para discutir y concertar estos puntos.

 

71.             Finalmente, la Sala recibió un documento de la Fundación Libertad para los Niños Wayuu en el que se le invitó a ser parte del proyecto de construcción de un centro materno infantil y de recuperación nutricional en Maicao; proyecto que, según se mencionó, se impulsa desde el 2016[51]. En el escrito, la organización describió los objetivos del centro, los principales efectos de la desnutrición en niños y niñas, y las causas que impiden avanzar en la solución de los problemas que les afectan. Asimismo, señaló otro programa dirigido a evitar que niños, niñas y jóvenes cometan actos delictivos, acepten las normas establecidas en la sociedad para una sana convivencia y asuman un estilo de vida alejado del crimen”[52].

 

A. 

B. 

C. 

C. Análisis y valoración de las acciones adelantadas en cumplimiento del objetivo constitucional mínimo tercero

 

72.             En esta sección, la Sala Especial procederá a analizar y posteriormente valorar las acciones reportadas por la Consejería en cumplimiento del objetivo constitucional mínimo tercero, a partir de la metodología desarrollada en el Auto 480 de 2023. Así, se analizarán tanto las medidas inmediatas y de corto plazo enfocadas en la protección urgente del derecho a la salud de la niñez indígena, como las ordenadas en el Auto 696 de 2022 y subsiguientes, así como las de mediano y largo plazo dirigidas a la formulación e implementación de una política de salud estructural que le garantice al pueblo Wayuu el goce efectivo de este derecho.

 

73.             La Sala tendrá como insumos para la evaluación de las acciones reportadas lo requerido en el auto del 8 de abril de 2024. Asimismo, tendrá en cuenta en la valoración las cifras en materia de DNT, EDA e IRA en menores de cinco años en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia[53]. Finalmente, si bien el fallo tiene como eje a los niños y las niñas indígenas, la Sala prestará atención a otros grupos vulnerables dentro del pueblo Wayuu, como las mujeres en estado de gestación y lactancia, a quienes la CIDH les extendió también medidas cautelares de protección[54].

 

74.             La siguiente tabla recoge las dos metas o componentes del objetivo constitucional mínimo tercero y la información a considerar en cada uno de ellos de acuerdo con el desarrollo del seguimiento.

 

Tabla 7. Componentes del objetivo constitucional mínimo tercero

 

Primer componente. Avances y resultados de las acciones entorno al derecho a la salud dispuestas en el Plan parcialmente aprobado en el Auto 311 de 2024 (medidas urgentes y a corto plazo)

 

75.             Acciones reportadas. La Consejería reportó los avances y resultados de las acciones en materia de salud realizadas por el MSPS en el marco del Plan Provisional de Acción parcialmente aprobado en el Auto 311 de 2024. La información allegada al respecto está sustentada y relacionada, además, con los indicadores propuestos en respuesta al Auto 1290 de 2023. En ese sentido, la Sala considera que las autoridades obligadas han implementados acciones conducentes para lograr el debido cumplimiento de las órdenes dispuestas en el Auto 311 de 2024. Sin embargo, aunque se evidencian algunos resultados que impactan favorablemente el goce efectivo del derecho a la salud, estas están a medio camino de los objetivos planteados.

 

76.             Resultados reportados. De acuerdo con la matriz adjunta sobre el avance de las acciones a cargo del MSPS, sintetizada en los anexos, la Sala encuentra que los resultados se reportaron con base en IGED y se brindó información acerca de su avance, como del presupuesto total, ejecutado y por ejecutar. Además, a partir de los porcentajes de los indicadores sintetizados en las tablas I y II de los anexos de esta providencia, la Sala observa que los resultados reportados son reales.

 

77.             Impacto de las acciones. Con base en los IGED reportados, se evidencia un avance en las acciones dirigidas a garantizar el derecho a la salud de la niñez Wayuu en el marco del Auto 311 de 2024. No obstante, estos avances son parciales, al igual que la ejecución de algunos de los recursos destinados a las acciones. Un análisis global de las acciones y los indicadores demuestra, al menos, un 50% del goce efectivo del derecho a la salud y logro de las metas propuestas por el MSPS.

 

78.             Conclusión. Teniendo en cuenta el análisis realizado, la Sala Especial considera un cumplimiento medio de las acciones propuestas en el Plan Provisional de Acción parcialmente aprobado en el Auto 311 de 2024, pues las acciones implementadas son conducentes para proteger en el corto plazo el derecho a la salud de la niñez Wayuu y se evidencian algunos resultados favorables.

 

Segundo componente. Sobre las políticas planteadas e implementadas en La Guajira para asegurar, en el mediano y largo plazo, el goce efectivo del derecho a la salud de la niñez Wayuu y que trascienden las medidas de emergencia propuestas en el Plan

 

79.             Acciones reportadas. La Consejería sostuvo que el MSPS les solicitó a las administraciones departamental y municipales información al respecto, pues los planes de desarrollo de estas entidades son los instrumentos de planificación que responden a las necesidades específicas de sus respectivas poblaciones. Los anexos aportados por la Consejería relacionan respuestas del departamento de La Guajira y los municipios de Riohacha, Manaure y Maicao. No se anexó respuesta por parte del municipio de Uribia.

 

80.             Tanto la Gobernación de La Guajira como las alcaldías de dichos municipios presentaron algunas acciones conducentes para cumplir las órdenes a largo y mediano plazo en materia de salud. La mayoría de estas acciones están consignadas en los planes de desarrollo territorial respectivos. Sin embargo, los resultados no se reportaron con base en IGED, por lo cual no es posible valorar su impacto.

 

81.             Por otro lado, el área de ROASRP del MSPS anexó la Resolución 2811 de 2022, mediante la cual se adoptaron medidas prioritarias para asegurar el goce efectivo del derecho a la salud al pueblo Wayuu, y un informe consolidado con corte a 30 de abril de 2024 sobre el despliegue de equipos interdisciplinarios en salud (emergencias y desastres). No obstante, el resultado de estas políticas no se reportó con base en IGED, por lo que no es posible valorar su impacto.

 

82.             Resultados reportados. Los resultados no fueron reportados con base en IGED por las entidades territoriales ni por el MSPS.

 

83.             Impacto de las acciones. La Sala considera que no es posible valorar el impacto de las acciones a mediano y largo plazo porque los resultados no se reportaron con base en IGED, ni a partir de otros indicadores que puedan demostrar el impacto en el derecho a la salud de la niñez Wayuu.

 

84.             Conclusión. A partir de lo dicho, la Sala establece el cumplimiento bajo de las políticas planteadas e implementadas en La Guajira y los municipios accionados para asegurar, en el mediano y largo plazo, el goce efectivo del derecho a la salud de la niñez Wayuu.

 

Sobre la aplicación del artículo 30 de la Ley 1438 de 2011, que obliga al Estado a definir mecanismos para mejorar el acceso a los servicios de salud en zonas rurales dispersas, o la adopción de un modelo de salud particular para La Guajira

 

85.             Acciones reportadas. El MSPS, por medio del área de ROASRP, informó acerca de distintas políticas que garantizan el aseguramiento en salud de la población que habita en zonas dispersas, aunque no hizo referencia explícita a la aplicación del artículo 30 de la Ley 1438 de 2011. Destacó de manera especial las medidas de aseguramiento en salud para recién nacidas y nacidos y menores de edad y la asistencia técnica a las entidades territoriales concernidas para la afiliación de estos grupos poblacionales. También se indicaron algunos mecanismos para mejorar el acceso a los servicios de salud en las zonas dispersas donde habita la población Wayuu, como incrementos de los valores fijados a la Unidad de Pago por Capitación.

 

86.             Resultados reportados. Los resultados de estas políticas en materia de garantía del derecho a la salud de la niñez Wayuu no fueron reportados con base en IGED.

 

87.             Impacto de las acciones. La Sala considera que no es posible valorar el impacto de estas acciones porque los resultados no se reportaron ni se relacionaron con IGED.

 

88.             Conclusión. Si bien las medidas anteriores no fueron reportadas ni relacionadas con IGED, la Sala Especial reconoce que el proceso de construcción de un modelo de salud propio e intercultural para el pueblo Wayuu, adaptado a sus particularidades étnicas, sociales y territoriales, está aún en marcha. Según lo reportado por la Consejería, la construcción de este modelo de salud tiene un avance del 55%. La Sala valora de manera positiva los esfuerzos realizados en este sentido, pero estará atenta a la implementación en los municipios priorizados por la sentencia del sistema de salud propio al momento de volver a valorar las acciones estructurales para garantizar el derecho a la salud del pueblo Wayuu.

 

Sobre las acciones que se han emprendido desde que el departamento de La Guajira reasumió la competencia en la prestación del servicio de salud

 

89.             Acciones reportadas. Se informó que el departamento, en conjunto con la sectorial salud, adelantó un proyecto por un valor de $30.590.987.718, con un plazo de 28 meses (a partir del 1° de septiembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024) para apoyar las acciones de identificación y gestión del riesgo y la promoción de la salud y la nutrición en las zonas rurales y rurales dispersas en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia. Para esto, se suscribió el contrato 010 del 2022, en el marco del proceso de licitación pública n.º LCP 005-2022, entre la Gobernación de La Guajira y un consorcio denominado Achajamaya Wayuu.

 

90.             Resultados reportados. Los resultados de esta acción están relacionados con la primera medida reportada por el MSPS en cumplimiento al Auto 311 de 2024, a saber, “caracterización de niños y niñas Wayuu menores de 59 meses”. Como se mencionó, la Sala observa que los resultados al respecto se reportaron con base en IGED, son reales, y se brindó información sobre su avance, como del presupuesto total, ejecutado y por ejecutar.

 

91.             Impacto de las acciones. Con base en el IGED reportado, se evidencian avances de las acciones de la Gobernación de La Guajira bajo el proyecto mencionado. No obstante, estos avances son parciales, al igual que la ejecución de algunos de los recursos destinados a ella.

 

92.             Conclusión. La Sala considera un cumplimiento medio de esta acción que, como se expresó, hace parte de la respuesta al Plan Provisional de Acción parcialmente aprobado en el Auto 311 de 2024. No obstante, si se compara la respuesta de la Gobernación y los anexos presentados por la Consejería, se advierte una incongruencia en el monto de los valores de esta medida. Por lo cual, la Sala exigirá una respuesta sobre esta divergencia, así como información sobre qué entidad y de qué forma se realizan las labores de control acerca del uso, manejo y destinación de estos recursos.

 

Sobre la obligación de informar las actividades de inspección, vigilancia y control adelantadas por la Supersalud en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, así como sobre las acciones dirigidas a fortalecer sus herramientas correctivas

 

93.             Acciones reportadas. La Supersalud, mediante un documento adjunto en la respuesta de la Consejería, enunció las actividades que ha desarrollado en cumplimiento de la sentencia y con el fin de garantizar el derecho a la salud del pueblo Wayuu, especialmente, de la primera infancia. Estas acciones, si bien son conducentes para lograr el debido cumplimiento del fallo, la Sala Especial considera necesario que se expresen en términos de impacto en el derecho a la salud de las niñas y niños indígenas.

 

94.             Resultados reportados. Si bien se reportan varias acciones y sus resultados, estos no se expresan ni se relacionan con IGED.

 

95.             Impacto de las acciones. No es posible valorar el impacto de las acciones en términos de IGED ni cómo las acciones han redundado en la garantía efectiva del derecho a la salud de la niñez Wayuu.

 

96.             Conclusión. Aunque se valora el esfuerzo de la Supersalud a través de las distintas acciones reportadas, la ausencia de resultados y medición de impactos a partir de IGED no permite reconocer sus efectos o consecuencias en la garantía del derecho a la salud de la niñez indígena.

 

Sobre los resultados en algunos indicadores como cobertura de la población, desempeño en actividades de promoción y prevención, vacunación, atención de enfermedades crónicas, embarazos, tasas de mortalidad infantil e incidencia de enfermedades respiratorias

 

97.             Acciones reportadas. Se reportan diversas acciones de atención en salud, vacunación y control de enfermedades crónicas y huérfanas en los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia. Sin embargo, muchas de estas acciones no parecen ser totalmente conducentes al cumplimiento del mandato, ya que presentan importantes limitaciones en la cobertura de servicios esenciales, como la vacunación en Manaure y el acceso a cuidados paliativos en todo el departamento.

 

98.             Resultados reportados. Los resultados reportados no se presentan con base en indicadores de goce efectivo de derechos (IGED). Por ejemplo, en el caso de la atención en salud y la vacunación, las cifras no reflejan el impacto real sobre el goce efectivo del derecho a la salud de la niñez Wayuu, lo que dificulta la evaluación de la incidencia de las acciones reportadas para mejorar su bienestar.

 

99.             Impacto de las acciones. Si bien se han realizado intervenciones, como el Plan de Intensificación de Vacunación y los esfuerzos en monitoreo de ENT y cáncer, la falta de integración de resultados en términos de IGED impide valorar el impacto real de estas acciones en el cumplimiento de derechos fundamentales para la población infantil Wayuu.

 

100.        Conclusión. La Sala considera que siguen siendo graves los indicadores mencionados, a pesar de los avances que se han logrado en algunos. Esto se debe, principalmente, al enfoque formal que usualmente toman las autoridades al momento de cumplir la sentencia. La información parece centrarse en los detalles de actividades y coberturas, pero el acceso inefectivo y desigual a servicios claves, como vacunación y cuidados paliativos, sugieren que no hay una mejora real en la protección de los derechos de la niñez Wayuu. Por lo cual, aunque se reportan esfuerzos, las acciones no logran el alcance material necesario para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud de la niñez Wayuu en los municipios evaluados.

 

101.        En suma, de lo reportado por la Consejería, la Sala Especial considera que, aunque hay un nivel de cumplimiento medio de algunas de las acciones inmediatas y a corto plazo del Plan Provisional de Acción, formuladas en respuesta el Auto 311 de 2024, frente al resto de acciones dirigidas a la satisfacción del derecho a mediano y largo plazo, la Sala establece un nivel de cumplimiento bajo del objetivo constitucional mínimo tercero. Las medidas estructurales de mediano y largo plazo están aún lejos de alcanzar las metas planteadas, lo que se refleja en la persistencia de problemas graves de salud en los municipios priorizados en la sentencia. Las cifras descritas al inicio de esta providencia como diagnóstico del derecho a la salud de la niñez Wayuu refuerzan esta conclusión.

 

A. 

B. 

C. 

D. 

D. Órdenes judiciales para avanzar en la garantía del derecho a la salud de las niñas y los niños Wayuu

 

102.        A partir de lo allegado al seguimiento, las observaciones de la Sala sobre el cumplimiento de las órdenes y el nivel de valoración fijado al respecto, la Sala Especial considera necesario emitir una serie de órdenes para avanzar en la protección del derecho a la salud de la niñez Wayuu y el objetivo constitucional mínimo tercero. Estas órdenes abarcan las medidas inmediatas y a corto plazo relativas al Plan Provisional de Acción y las de mediano y largo plazo, que deberán integrarse en el Plan Estructural de Acción como lo propone el Decreto 147 de 2024[55].

 

103.        Frente a las medidas inmediatas y a corto plazo (Plan Provisional de Acción), la Sala Especial ordena allegar información sobre lo siguiente:

 

·        Porcentaje y nivel de avance e implementación de cada una de las acciones e indicadores propuestos en el Plan Provisional de Acción en materia de salud. Esta información debe seguir las variables que contiene la matriz adjunta por la Consejería (entre otras, el origen, monto y nivel de ejecución de los recursos destinados a cada una de las acciones), así como reportes cualitativos y notas aclaratorias sobre su contenido.

 

·        Las medidas específicas implementadas para garantizar el aseguramiento de la población infantil migrante, cifras de afiliación y barreras u obstáculos identificados para su cobertura. El reporte de la información sobre casos notificados y cifras de muerte de niños y niñas por DNT o causas asociadas (IRA y EDA) debe contener una variable en la que se identifique el origen nacional del o la menor atendida.

 

·        La georreferenciación de la infraestructura de salud. Se deberá allegar un mapa con coordenadas en el que se puedan ubicar los hospitales, centros y puestos de salud a los que tienen acceso los niños y las niñas Wayuu de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia. Este informe debe contener también un análisis cualitativo sobre el estado de la infraestructura y las medidas que se están implementando para su mejoramiento, así como la distancia que divide los centros de salud de las comunidades que habitan las zonas rurales dispersas de estos municipios. Se deberán agregar, de ser el caso, las iniciativas que se contemplan para la construcción de nuevos hospitales, centros o puestos de salud y el enfoque intercultural de la atención.

 

·        El número de niños y niñas menores de 5 años atendidos o reportados con DNT, discriminando el nivel de severidad de la enfermedad (aguda, moderada o severa), el número de menores que reciben atención médica, así como el número de niñas y niños recuperados o en tratamiento. Junto con lo anterior, se debe ofrecer información acerca de este evento de salud por municipio y por corregimiento y por entidad aseguradora en salud.

 

·        El impacto de las acciones en la garantía del derecho a la salud de la niñez Wayuu y la reducción de las cifras de DNT, IRA y EDA. Así, se deberán generar correlaciones estadísticas claras, fundamentas y específicas entre el impacto de las medidas del Plan Provisional de Acción y las cifras de mortalidad y notificación de casos de niños y niñas con DNT, IRA y EDA. Estos, deberán acompañar los indicadores propuestos en el Plan Provisional de Acción y las acciones a mediano y largo plazo formuladas o que se formulen.

 

·        Los recursos, vigilancia y auditoría de los proyectos de salud dirigidos a la atención de la salud de la niñez Wayuu, formulados o gestionados por la Gobernación de La Guajira y las alcaldías de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia. En este punto se deberá hacer referencia explícita a las labores de auditoría del contrato 010 de 2022, suscrito entre la Gobernación de La Guajira y el consorcio Achajamaya Wayuu, en el marco del proceso de licitación pública n.º LCP 005-2022, así como las divergencias de los presupuestos resaltados en esta providencia.

 

·        Conformación de los equipos extramurales proyectados en la Resolución 723 de 2023, detallando si se logró conformar el número total de equipos proyectados (69).

 

104.        En relación con las medidas a mediano y largo plazo, la Sala Especial ordena lo siguiente:

 

·        Presentar un inventario de las medidas de salud a mediano y largo plazo que, desde el departamento de La Guajira, los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia y los distintos actores del sector salud que operan en este territorio (ESE, EPS, EPSI, IPS, entre otras), se contemplan para enfrentar las altas cifras de DNT, IRA y EDA en menores de cinco años. Este inventario deberá establecer la conexión o solución de continuidad con las medidas inmediatas y a corto plazo planteadas en el Plan Provisional de Acción y presentar los resultados o sus proyecciones en términos de IGED u otros indicadores que permitan contrastar su impacto en el derecho a la salud de la niñez Wayuu.

 

Al respecto, la Sala aclara que la información que se allegue no equivale a la simple entrega de los planes de desarrollo de las entidades territoriales accionadas. Se debe tratar, por el contrario, de un informe ordenado, claro y específico en el que se enuncien las políticas, programas, medidas y acciones que a mediano y largo plazo se contemplan para resolver los casos de DNT, IRA y EDA en menores de 5 años. La atención la crisis humanitaria de La Guajira es una política de Estado, no de gobiernos.

 

·        Detallar el funcionamiento y las actividades adelantadas por el Comité Técnico de Salud previsto en el Decreto 147 de 2024 frente al Plan Provisional y Estructural de Acción.

 

105.        Junto con las medidas anteriores, la Sala Especial ordena que se le informe sobre las medidas de atención y los índices de mortalidad y morbilidad de las personas en estado de gestación y lactancia en los municipios accionados. Estos datos deben reflejar variables sociales como condición económica, diferencia étnica, estado de afiliación al sistema de salud y rango etario de las pacientes. Asimismo, las entidades territoriales competentes deben ofrecer información detallada sobre los embarazos registrados. Este reporte deberá identificar factores de riesgo asociados a la salud materna y perinatal y proponer acciones correctivas inmediatas en caso de detectarse brechas en la atención.

 

106.        Del mismo modo, se debe remitir información sobre la articulación de las acciones en salud con la medicina tradicional Wayuu. Esto, para las medidas previstas en el Plan Provisional de Acción como en las medidas a mediano y largo plazo propuestas por el Gobierno nacional y cada entidad territorial.

 

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107.        La información aquí requerida deberá ser presentada por la Consejería Presidencial para las Regiones como coordinadora del MESEPP[56], siguiendo las pautas del Auto 480 de 2023. Se reitera que, como fue planteado en dicha providencia, las acciones deben estar asociados con indicadores que muestren el impacto y/o el avance en la garantía del derecho a la salud de la niñez Wayuu y el objetivo constitucional mínimo tercero.

 

108.        En el marco de las órdenes relativas al MESEPP, la Sala reitera que se deberán convocar a las entidades que se juzgue pertinentes para cumplir los mandatos judiciales. Se le deberá informar a la Sala qué entidades fueron reticentes para presentar información o lo hicieron de manera inoportuna. 

 

109.        Para lo aquí requerido, la Sala establece el término de tres (3) meses contados a partir de la notificación de esta providencia.

 

En mérito de los expuesto, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017

 

RESUELVE

 

Primero. DECLARAR el cumplimiento medio de la orden dirigida a aumentar y mejorar las medidas inmediatas y urgentes en materia de salud a cargo del Gobierno nacional, contenida en el objetivo constitucional mínimo tercero sobre el derecho a la salud.

 

Segundo. DECLARAR el cumplimiento bajo de la orden de formular e implementar una política de salud para La Guajira que permita asegurar, en el mediano y largo plazo, el goce efectivo de este derecho para todo el pueblo Wayuu, contenida en el objetivo constitucional mínimo tercero sobre el derecho a la salud.

 

Tercero. ORDENAR a la Consejería Presidencial para las Regiones, como coordinadora del MESEPP, que presente en el término de tres (3) meses contados a partir de la notificación de este auto, un documento en el que dé respuesta a los órdenes judiciales dispuestos en el literal D de esta providencia.

 

Para el cumplimiento de esta orden, la Consejería, como coordinadora del MESEPP, deberá convocar a cada una de las autoridades y organizaciones que podrían participar en su desarrollo. En caso de reticencia o repuesta inoportuna, se deberá informar a la Sala Especial de Seguimiento.

 

Tercero. LIBRAR, por medio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, las comunicaciones correspondientes, adjuntando copia de este proveído.

 

Comuníquese, notifíquese y cúmplase

 

 

E. 

F. 

G. 

H. 

 

 

 

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

ANEXOS

Metodología de valoración

 

 

 

 

 Síntesis de la matriz presentada por la Consejería Presidencial para las Regiones sobre el cumplimiento del Auto 311 de 2024

 

A continuación, se presenta una tabla (Tabla I) que sintetiza los avances de las acciones en materia de salud en respuesta al Auto 311 de 2024, relacionadas por la Consejería Presidencial para las Regiones en la matriz adjunta a la respuesta. La tabla desglosa el periodo del reporte, el grupo poblacional objeto de la acción, el porcentaje de ejecución de la medida, el presupuesto (total, ejecutado y por ejecutar), los municipios beneficiarios de las acciones y los años de ejecución de la medida.

 

Tabla I

 

 

En la siguiente tabla (tabla II) se presenta, por su lado, una síntesis del reporte cualitativo junto con algunas notas aclaratorias descritas en la matriz adjunta por la Consejería sobre las actividades del MSPS en respuesta al Auto 311 de 2024.

Tabla II

 

 

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